Financiar Transporte Público, simple intención

La movilidad urbana, el transporte público sustentable, la reducción de emisiones de gases invernadero, la saturación de vialidades, la inclusión social urbana, entre otros, son temas que en los últimos años han ocupado el interés de un gran sector de la sociedad. Desde expertos en la materia, ya sean ambientalistas, urbanistas, arquitectos (desconozco el por qué), ingenieros en transporte, etc., así como gobernantes, legisladores y la sociedad civil ...

Cada día surgen debates que se extienden sin llegar a ningún acuerdo, se crean conferencias, exposiciones que se premian con reconocimientos y diplomas sólo por repetir lo que una y otra vez se ha dicho. Se dictan discursos que vanaglorian las intenciones pero que se reprimen en las acciones. Autoridades que se empalman en la necesidad de atender la problemática que ha imperado durante muchos años pero, las mismas voces se ocultan bajo la consecución  de un puesto remunerado.  Nos llenan de informes, evaluaciones, estudios que se olvidan en la página 300, siendo en sus resultados de palabras variadas, mismas conclusiones; mayor inversión en transporte público, desincentivar el uso del automóvil y promover medios de transporte no motorizado.

Transporte público, suena como la solución que puede resolver un problema que va mucho más allá que eso, pero por otro lado, sería el primer paso para una solución que englobe gran parte de la problemática urbana. Ahora que se han esforzado en dejar el problema más que claro y se han propuesto múltiples alternativas, la siguiente interrogante que surge es ¿Cómo hacerlo? Invertir acertadamente en transporte público podría ser un problema de debate aún mucho mayor, desde perspectivas diferentes encontradas, la carencia de visión o hasta la lucha de intereses, siempre habrá inconvenientes  que sortear.

Pero ya que es complicado encontrar una salida viable a este problema, por qué no volteamos a ver al mundo y aprender de las buenas prácticas realizadas en otros países. Por ejemplo Francia, quien en los años 70´s, tras atravesar una terrible crisis provocada por el aumento desconsiderado de automóviles y su uso desmedido, logró revertir esa situación dando su apoyo incondicional al transporte colectivo urbano y que, en su visión, lo entienden como la única solución a la movilidad de las ciudades, manteniendo elevados niveles de circulación y de calidad de vida. Creó un impuesto denominado “Versement Transport (VT)”, que es aplicado sobre la masa salarial de todas las empresas localizadas en un Perímetro de Transporte Urbano y las cuales  tengan 9 o más empleados. Con éste se comenzaron a financiar los primeros proyectos para revitalizar los sistemas de tranvías, subterráneos y trenes ligeros. También crearon las "Autoridades Organizadoras de los Transportes Urbanos" (AOTU), quien a partir de 1982 y a través del VT, es responsable la organización y el financiamiento de los transportes públicos regulares en el interior de los perímetros de transporte urbano. Como ven, Francia ha sido un referente para el resto de Europa y el mundo, lograron la integración de sus sistemas de transporte así como la introducción de nuevas tecnologías de electrificación, control y señalización.

Alemania ha optado por transferir las competencias del transporte urbano, de su Estado Central hacia sus Länder (Estados Federales), teniendo como principal fuente de financiamiento, el 85% del producto de los impuestos sobre carburantes los cuales son dirigidos  a la inversión de los principales proyectos de transporte colectivo urbano. En Suecia, encontraron una forma de mitigar sus problemas de congestionamiento vial a través de las licitaciones escalonadas para grandes segmentos del mercado, en el cual, gradualmente,  van cediendo las concesiones de transporte urbano y no en su totalidad a múltiples empresas privadas exigiéndoles requisitos de calidad muy altos, las cuales compiten entre sí por la demanda elevando sus niveles de servicio,  aunque al país le falta tomar medidas para aumentar el índice de utilización.

El mundo nos puede dar muchos ejemplos de cómo obtener recursos para financiar sistemas de transporte colectivo urbano, medidas para desincentivar el uso del automóvil y promover el uso del transporte público, bicicleta o caminata. Por ejemplo, Holanda, Bélgica y Reino Unido que cuentan con una serie de beneficios fiscales, tanto para trabajadores como para empresas, por el uso de transporte público, bicicleta o coches compartidos obteniendo desgravaciones en sus declaraciones fiscales.             

             

    

Existe una gran gama de variables para que en el país se puedan recaudar fondos destinados a proyectos de transporte urbano. A partir de impuestos o tasas como la tenencia vehicular, que podría dejar de ser un impuesto a la propiedad y transformarlo en un impuesto verde, considerando el uso del vehículo como gravamen. A las propiedades inmobiliarias, por espacios de estacionamiento o a la actividad empresarial (como el VT en Francia). También en la tarificación por el peaje de infraestructura urbana (como la supervía) o al de estacionamientos en vía publica (parquímetros).  Pero como en muchos casos, esta recaudación puede perderse en la bolsa de los ingresos de la nación y no cumplir con un objetivo en específico, para ello se tendrían que crear las políticas públicas y los instrumentos necesarios para la correcta inversión de los recursos. Crear, como Francia lo hizo, un organismo que sea responsable de la inversión de lo recaudado en proyectos de transporte público, partícipe de su planeación, diseño y administración y que vaya de la mano con los Planes de Desarrollo Urbano.

Actualmente, los medios para financiar transporte público urbano en México han sido muy limitados. De los fondos federales destinados a movilidad, en promedio, se invierten 48.3% en infraestructura vial, promoviendo el uso del automóvil. El 29% se invierte en pavimentación y sólo 11% es dirigido a inversión en transporte público, sin mencionar que la inversión en infraestructura ciclista y peatonal es casi imperceptible. Por otro lado, en 2011 entró en la cámara de diputados una iniciativa para la Ley General de Transporte Urbano y Suburbano en la que se planteaba la creación de una comisión Nacional de Transporte Urbano y Suburbano responsable de un fondo nacional dirigido específicamente al desarrollo del transporte en el país, financiado por un impuesto a la gasolina, aunque desconozco qué ocurrió con esta iniciativa.

Para 2013, se cuenta con el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo dependiente del Fondo Nacional de Infraestructura que busca impulsar la movilidad urbana sustentable en ciudades mayores a 500 mil hab., mediante apoyos financieros y técnicos a gobiernos locales para realizar proyectos de trasporte masivo. A la fecha cuentan con 11 proyectos autorizados (9 BRT y 2 trenes) y tienen en análisis para autorizar 11 proyectos más (9 BRT y 2 trenes). Tanto en este programa como en la anterior iniciativa no precisan quién se encargará de administrar los recursos o qué pasará una vez que los proyectos estén terminados, quién los regulará o de qué manera se integrarán al desarrollo de ciudades competitivas, vivibles y sustentables. 

Hay logros importantes pero aún falta mucho por realizar. Se han planteado opciones de financiamiento que sería interesante darles un vistazo más a fondo y sólo espero que no acaben en las mesas de debate de centros, institutos u organizaciones que hagan otros mil informes o que la autoridad guarden sus respuestas hasta el próximo periodo electoral, cuando surja su voluntad politica.